Buenos Aires, Argentina — 24 de marzo de 2025
Una segunda entrega de la investigación internacional, basada en registros migratorios, documentos corporativos y fuentes de inteligencia financiera, confirma que Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente boliviano Luis Arce Catacora, realizó al menos cinco viajes desde Bolivia a Paraguay entre 2022 y 2024, coincidiendo con el inicio de operaciones de la empresa Botrading S.A., señalada como eje del blanqueo de narcodólares para importar combustible a Bolivia con sobreprecios de hasta el 300%. Además, fuentes extraoficiales revelan que la GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica) habría iniciado una investigación formal sobre el caso, poniendo en la mira al gobierno boliviano por posibles incumplimientos a las normas antilavado.
El itinerario secreto: Viajes, combustibles y transferencias sospechosas
Los registros migratorios obtenidos por este medio detallan movimientos clave de Luis Marcelo Arce entre Bolivia, Paraguay y países vecinos, algunos de ellos, realizados en vuelos charter en compañía del presidente de la Corporación de Hidrocarburos boliviana Y.P.F.B., Armin Dorgathen:
Botrading S.A.: La máquina de lavar en tres pasos
Documentos internos de Botrading, revisados por este medio, exponen el modus operandi:
- Entrada de efectivo: Cuentas en Paraguay recibían depósitos en dólares desde zonas rojas del narcotráfico (Triple Frontera y Chaco), disfrazados como “ventas de combustibles”.
- Sobrefacturación: Botrading compra combustible a proveedores en Asia y Europa, y revende este producto inflando precios hasta un 300%. La diferencia se transfiere a cuentas en paraísos fiscales.
- Reinversión en activos: Eduardo Valdivia, socio de Arce, habría adquirido cuatro propiedades de lujo en Asunción (valoradas en USD 15 millones) mediante la inmobiliaria Skygold y otros testaferros estarían haciendo lo mismo a nombre de Luis Marcelo Arce Mosqueira, no solo en Paraguay.
“Es un circuito casi perfecto: los dólares sucios entran por Paraguay, se ‘limpian’ con facturas falsas de combustible, y luego vuelven a Bolivia como ganancias legales o se invierten en bienes”, afirmó un exagente de la SENAD (Paraguay).
GAFILAT en escena: La investigación que podría caer como un tsunami
Dos fuentes cercanas a la GAFILAT confirmaron que, desde enero de 2025, se evalúan transacciones de Botrading S.A. así como de personas vinculadas a estas y sus vínculos con funcionarios bolivianos. El riesgo para Bolivia es alto: si GAFILAT lo incluye en su “lista gris” por lavado, el país sufriría restricciones crediticias y auditorías económicas internacionales, además de las restricciones de ingreso a ciertos países que se podrían imponer en contra de los involucrados, mientras dure esta investigación.
“Hay alertas en operaciones de YPFB. Pagos a Botrading S.A. no cuadran con los precios internacionales de los proveedores europeos”, declaró un miembro de la organización bajo anonimato. La investigación también analiza el rol de bancos paraguayos que omitieron reportar transacciones sospechosas.
Silencio y amenazas: Las reacciones tras la primera parte de la investigación
- Gobierno boliviano: Desde YPFB y otras instancias del gobierno boliviano se justificó la creación de Botrading S.A. y se calificó la investigación como “fake news para desestabilizar”. Sin embargo, no respondieron preguntas específicas sobre el sobreprecio en compra de combustibles y los vínculos con la familia del presidente.
- Testigos: Dos informantes claves recibieron amenazas de muerte, según denuncias que estarían en proceso para ser presentadas a la CIDH.
- Fuga de implicados: Agentes de INTERPOL señalan que del seguimiento a Luis Marcelo Arce M. y otros funcionarios vinculados al caso, estos ya habrían salido de Bolivia para evitar ser convocados ante la justicia, boliviana o paraguaya.
Implicaciones globales: ¿Quién cubre el agujero de Bolivia?
Mientras Bolivia enfrenta una hiperinflación del 34% y el desabastecimiento de gasolina y diesel, esta trama explica cómo el narcotráfico se convirtió en un “salvavidas” ilegal para el gobierno. “Sin esos dólares lavados, YPFB no podría importar ni el 10% del combustible que dice importar”, señaló un economista local.
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Nota: Por seguridad, todas las fuentes citadas permanecen en anonimato. Los documentos originales se compartirán con autoridades competentes.